El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Salud y Protección Social expedir, en un plazo máximo de tres meses, las reglas para garantizar la tenencia responsable de animales en los lugares de trabajo, luego de concluir que dejaron vencer el plazo establecido en la reforma laboral.

La decisión fue adoptada luego de que los ciudadanos Carlos Mario Salgado Morales y Jhonathan Felipe Córdoba Fajardo acudieron a la justicia argumentando que, aunque la Ley 2466 de 2025 fijó un plazo de doce meses para desarrollar estas reglas, las entidades no habían cumplido esa obligación.

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Durante el proceso, el Ministerio del Trabajo argumentó que la reglamentación requería la participación de varias autoridades y que su elaboración podía superar el plazo legal, especialmente por los cambios de gobierno y de los equipos ministeriales. El Ministerio de Salud y Protección Social, por su parte, no presentó respuesta dentro del trámite judicial.

Frente a esos argumentos, el tribunal señaló que la necesidad de coordinar el trabajo entre las dos entidades no las exime de cumplir la ley. También advirtió que aceptar los cambios de gobierno como justificación para desconocer los plazos legales haría que “las obligaciones establecidas por el legislador perdieran eficacia”.

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La obligación que fue incumplida por las carteras está definida en el parágrafo del artículo 56 de la Ley 2466 de 2025, el cual establece que los lineamientos deben contemplar, como mínimo, las condiciones de salud de los animales, las medidas de bioseguridad, los protocolos de convivencia, las responsabilidades de empleadores y trabajadores y los procedimientos para atender situaciones de emergencia o conflicto.

La misma disposición, que regula los entornos laborales flexibles, permite que los empleadores autoricen el ingreso de animales de compañía, específicamente perros y gatos, como parte de sus políticas de bienestar.

Además, establece que deben permitir el ingreso de animales de asistencia, apoyo emocional o uso terapéutico cuando el trabajador presente un certificado de un profesional de psicología o psiquiatría que respalde esa necesidad.

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